Son 6 los proyectos de ley a través de los cuales el Gobierno Nacional impulsa la reforma judicial que se votarán en el Congreso esta semana.
Tras la prórroga que recibió el 7 de diciembre pasado medida cautelar presentada en 2009 por el Grupo Clarín para frenar los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios que lo obligaba a vender algunas de sus licencias y la absolución de los 13 imputados en el juicio por Marita Verón donde no se cumplió con la Ley de Trata de Personas que fue aprobada por el Senado pero estuvo paralizada en la Cámara Baja durante años, la presidenta Cristina Fernández pidió una "democratización de la justicia" y envió al Congreso seis proyectos de ley para lograrlo. La mitad ingresó por el Senado y la otra por Diputados para ser debatidas.
Con la nueva reforma el Consejo de la Magistratura pasará de tener 13 consejeros a 19. Los jueces, abogados y académicos que lo integran serán elegidos por el voto popular en las elecciones primarias y no por sus pares como se hace actualmente. También se bajará la edad mínima para ser consejero a 25 años, se aceptarán académico de cualquier profesión y para elegir o suspender a un juez bastará con la mitad más uno de los votantes, medida que actualmente se toma con dos tercios de los votos.
También se realizarán modificaciones en la regulación de las Medidas Cautelares. No se podrán emitir contra el Estado ni imponer causas personales a funcionarios, pero el Estado podrá pedir cautelares sobre las empresas que brindan servicios o actividades públicas. La medida tendrá un periodo de validez de seis meses y se podrá anular con la apelación del Estado. Ante esta medida, Horario Verbitsky, periodista y presidente del CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales - pidió que se incorporen comp excepciones a las situaciones que afectan derechos fundamentales de grupos vulnerables, trabajadores y usuarios de servicios públicos.
La reforma propone la creación de tres nuevas Cámaras de Casación: Federal en lo Contencioso Administrativo, Nacional y del Trabajo y la Seguridad Civil y Comercial. Para la oposición esto alargará los juicios y pondrá en desventaja a los jubilados sobre todo.
Los grupos opositores mostraron un profundo rechazo y una parte de ellos se unió en una protesta frente a Tribunales, allí estuvieron Mario Barletta, titular de la UCR; Francisco De Narváez, presidente del Frente Peronista y Mauricio MACRI, Jefe de Gobierno porteño que declaró: "si la justicia pasa a ser dependiente del poderoso de turno deja de ser justicia." A pesar de no asistir, la diputada por la Coalición Cívica, Elisa Carrió; el presidente de Proyecto Sur, Pino Solanas y el presidente del Partido Socialista, Hermes Binner quién pidió "frenar la avanzada sobre la justicia", se mostraron en desacuerdo.
Los otros tres proyectos de ley no son rechazados completamente por los opositores. Estos incluyen que el ingreso al Poder Judicial sea a través de exámenes y sorteos y se dejen de lado las relaciones de amistad y confianza entre jueces y nuevos empleados; la publicación en Internet de las Declaraciones Juradas de los miembros de los tres poderes y un registro obligatorio y público de las sentencias dictadas por la Corte Suprema y las Cámaras.
Entre medio del debate la Iglesia también hízo escuchar su voz. Los obispos que se reunieron en la 105 asamblea plenaria exclamaron que un tratamiento apresurado de las reformas corre el riego de debilitar la Democracia Republicana, también pidieron debates y consensos.
17/4/2013
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